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miércoles, 22 de enero de 2014

Discurso de la iglesia sobre la familia es anacrónico, dicen feministas



SERGIA GALVANAdemás, observan contradicciones éticas, como que la iglesia local se opone a los matrimonios entre personas del mismo sexo, pero no se opone a la sentencia que desnacionaliza a 200 mil personas de ascendencia haitiana

Santo Domingo.- La Colectiva Mujer y Salud le enmendó la plana a la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) que este jueves, 16 de enero, emitió una carta pastoral sobre la familia, en la que -según las feministas- incurren en omisiones desconcertantes, contradicciones, además de continuar con un discurso sobre la familia desfasado.
A continuación la respuesta de las y los feministas: 
Pero las incoherencias eclesiales no se limitan al tratamiento de los desnacionalizados y de la pederastica clerical. Consideremos sino su insistencia en la familia nuclear en un país donde dicho modelo familiar es estadísticamente minoritario o, peor aún, su preocupación por el embarazo adolescente al tiempo de reiterar la prohibición del uso de anticonceptivos.
La Carta Pastoral dada a conocer este 16 de enero por los obispos dominicanos reitera el discurso católico tradicional –y cada vez más anacrónico- sobre la familia, al tiempo que presenta omisiones desconcertantes. De éstas, nos limitaremos a señalar dos que a nuestro parecer son particularmente graves por la cantidad de familias afectadas y la enormidad de los sufrimientos ocasionados.
Nos referimos en primer lugar a la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, tan ardorosamente defendida por el jefe de los obispos, el Cardenal López Rodríguez, disposición que no solo afecta a los más de 200,000 descendientes de migrantes haitianos nacidos en el país, sino también a los hijos que ellos puedan tener en el futuro. El hecho de que dicha sentencia condene a los desnacionalizados y a sus familias presentes y futuras a la pobreza crónica, la marginalidad social y la explotación económica no parece, sin embargo, preocupar a los obispos tanto como el hecho de que en algunos países los gays y las lesbianas puedan contraer matrimonio con las personas que aman. Las contradicciones éticas que revelan estas posturas son insoslayables.
En segundo lugar, consideramos una muestra de irresponsabilidad que raya en el cinismo el hecho de que la carta de los obispos omitiera mención alguna de los casos de pederastia sacerdotal que han plagado a la Iglesia dominicana en el último año. Este mutismo episcopal ratifica la trayectoria de encubrimiento y complicidad que ha caracterizado el accionar tanto de la jerarquía local como del Vaticano, contribuyendo así a que estos casos permanezcan impunes.
Es tan grave y tan sistemático el proceder eclesiástico frente a estos crímenes, que la divulgación el día de hoy de la Carta Pastoral coincidió con una ocurrencia histórica: la comparecencia de los representantes del Vaticano ante el Comité de las Naciones Unidas Sobre los Derechos del Niño. Contrario a lo planteado en los últimos días por voceros de la Iglesia, la preocupación principal del Comité es la política vaticana de encubrimiento y protección de los curas pederastas y su escasa preocupación por las víctimas de estos crímenes, ambas claramente evidenciadas en los casos dominicanos.
Tampoco se trata, como se ha insinuado, de un intento de acoso o persecución. Desde el momento en que la Iglesia logró que un número suficiente de países católicos se acogiese a la ficción de que el Vaticano es un “Estado” y como tal tiene derecho a participar en las Naciones Unidas y a firmar convenios multilaterales, asumió voluntariamente las obligaciones que dichos tratados conllevan –en este caso, la de presentar informes periódicos ante el Comité que monitorea el cumplimiento de los compromisos adquiridos por los Estados signatarios de la Convención Internacional Sobre los Derechos del Niño.
Pero las incoherencias eclesiales no se limitan al tratamiento de los desnacionalizados y de la pederastica clerical. Consideremos sino su insistencia en la familia nuclear en un país donde dicho modelo familiar es estadísticamente minoritario o, peor aún, su preocupación por el embarazo adolescente al tiempo de reiterar la prohibición del uso de anticonceptivos. La ofuscación de la Iglesia frente a la anticoncepción, la educación sexual escolar y el aborto terapéutico la colocan a espaldas a la gran mayoría de la población dominicana, que según las encuestas favorece estas medidas en forma inequívoca.
Esta oposición implacable a los derechos sexuales y reproductivos junto a su proceder censurable frente a los curas pederastas no hacen más que acelerar la pérdida de autoridad moral de la Iglesia, un proceso que esta Carta Pastoral no contribuye en nada a revertir.

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