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jueves, 17 de abril de 2014

Defensora del Pueblo pide incrementar defensores de las víctimas


Santo Domingo.-  La Defensora del Pueblo,  Zoila Martínez Guante, reclamó al procurador Francisco Domínguez Brito que refuerce con más abogados a la Oficina de  Representación Legal  de los Derechos de las Víctimas,  para que accione igual que  la Oficina Nacional de Defensoría Pública,  que defiende a los imputados de los delitos penales.

La asistencia legal gratuita a las víctimas está establecida en la Constitución y en el Código Procesal Penal.
La Defensora del Pueblo entiende  que los defensores asignados a las víctimas no son suficientes y dijo que le sorprende la facilidad con que son descargados en los procesos penales los sometidos a la acción de la justicia por violaciones penales.
Dice la funcionaria que esos acusados por hacerles daño a la sociedad son  asistidos en su defensa por formidables abogados y abogadas pertenecientes a la Defensoría Pública.
Martínez Guante cree conveniente visitar  al presidente de la República,  Danilo Medina,  para exponerle la necesidad de aumentar la asignación de fondos para el Departamento de Representación Legal de las Víctimas, de la Procuraduría, las cuales son mutiladas, asaltadas, amedrentadas con revolver y tiros, robadas y asesinadas.
Denunció que los familiares de esas víctimas o los sobrevivientes de las mismas tienen que procurarse medios de defensa, cubriendo con sus propios recursos el proceso, abandonado muchas veces por los tantos reenvíos, cansancio, agotamiento, indignación o por falta de recursos económicos.
Explica la Defensora del Pueblo que esa situación es angustiosa y abusiva para las personas que se convierten doblemente en víctimas, como es el caso de la arquitecta Francina  Hungría, quien perdió la visión producto de un acto delictivo.
Llamó a redoblar los esfuerzos y sentar precedentes de que las víctimas tengan quien las defienda desde el Estado,  por lo que se debe buscar salida al reforzamiento del Departamento de Defensores de las Víctimas de la Procuraduría General de la República.

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