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viernes, 19 de septiembre de 2014

EL MIEDO A SER FISCALIZADO



El que no tiene hecha no tiene sospecha, reza un refrán popular ampliamente conocido. Cuanta vigencia tiene esta expresión cargada de sabiduría, teniendo en cuenta que de un tiempo a esta parte es muy común ver cómo al funcionario que se le dice que debe ser fiscalizado, pone el grito al cielo y busca, víctima de un inexplicable nerviosismo, cualquier tipo de excusa para no ser auscultado. No importan que quienes vayan a realizar este ejercicio de control sobre el manejo de los fondos públicos, sean instituciones a las que la Constitución y las leyes les dan esa competencia.

El temor a ser examinados es común en funcionarios municipales, del gobierno central y de organizaciones autónomas y descentralizadas, que en el caso de estás últimas, más bien parecen autónomas de las leyes vigentes en el país. De esta forma, pretenden estar por encima de cualquier regulación. Para estos funcionarios acomodados a la opacidad, el solo hecho de que se les pida cuenta se constituye en un agravio que no se está dispuesto a tolerar. Cómo reacción al intento de aplicar la ley por parte de los órganos de control, estos funcionarios se inventan la ficción de que se trata de una persecución que busca afectarles o que es parte de una trama de sectores que les quieren hacer daño.

Los funcionarios que manejan las instituciones públicas como una finca privada, ven campaña en su contra por todos lados y cualquier cuestionamiento institucional lo llevan al plano personal. Estos señores a los que no se les conocía riquezas antes de administrar recursos públicos, no toleran el más mínimo monitoreo independiente. Son expertos apelando al chantaje de que al investigárseles se pone en riesgo el importante trabajo que realiza la institución que representan, van más lejos aún, apuestan a la ignorancia popular alegando que solicitarle información es atentar contra la seguridad nacional, la estabilidad política y contra la patria misma.

 Es necesario hacer consciencia de que ninguna institución del Estado está por encima de los mecanismos de control y fiscalización. Todos los funcionarios están obligados a rendir cuentas, tanto a otras agencias públicas como a la ciudadanía en general. Hay que hacerle entender a los campeones de la discrecionalidad en el sector público, que el Estado democrático supone transparencia. Para avanzar en esta dirección se requiere que los órganos de control cumplan con su misión, con la firmeza que supone contrarrestar las opiniones y acciones de aquellos que están acostumbrados a la manipulación y las amenazas para seguir sacando beneficios particulares del cargo que desempeñan. 

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