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sábado, 28 de mayo de 2016

REPERCUSIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DE LA CRÍSIS POST ELECTORAL

Con el feriado “decretado” por el Presidente de la JCE, habrá transcurrido la sexta parte del período de transición establecido en la constitución desde el momento de elección de autoridades hasta su toma de posesión.

Teniendo en cuenta la posición de los candidatos opositores de no reconocer los resultados que ha venido anunciando la JCE ni legitimar proclamaciones  por los serios cuestionamientos sobre la legalidad y administración de las elecciones recién pasadas, estamos obligados a  procurar soluciones políticas a la crisis que esto representa habida cuenta los potenciales efectos que pudiera acarreara la gobernabilidad de la nación así como para la preservación y perfectibilidad social y económica de nuestra democracia.
Mas aun teniendo en cuenta la alta dependencia económica – comercial y financiera- que nos impone nuestra condición de pequeña isla “colocada en el mismo trayecto del sol” con grandes masas territoriales a su norte y sur, magnificada por los modelos de gestiones gubernamentales implantadas durante los últimos años, de grandes déficits financiados con endeudamientos justificados en las consignas de “apertura y globalización” que estigmatizan los gobiernos del PLD.
El cuestionamiento a la legalidad e ilegalidad añade ingredientes a cuestionamientos preexistentes provenientes de la comunidad internacional. Los tres últimos informes del FMI han advertido la necesidad que las finanzas públicas dependan menos del endeudamiento externo. Otras esferas de la comunidad internacional apuntan hacia los derechos humanos particularmente referidos a la migración haitiana y al desinterés mostrado por el gobierno en combatir la corrupción; sea la pasada por negligencias del Ministerio Publico como la presente por su mutismo en las asociaciones que se han formulado con escándalos internacionales alrededor de las plantas a carbón desarrollada por firmas y financiamientos brasileños.
El nuevo ingrediente de ilegalidad e ilegitimidad en las elecciones de autoridades, añadiría un nuevo  elemento dentro de la agenda de preocupaciones internacionales sobre nuestra nación potencialmente reflejada en mayores restricciones para el flujo de recursos externos, repercutiendo de manera inmediata en el equilibrio de las finanzas públicas.
Ante esta eventualidad, las autoridades se verán tentadas a recurrir a una de las siguientes opciones, todas con consecuencias para la gobernabilidad de la nación:
A la reducción de gastos comenzando por los más vulnerables como los pagos hoy hipertrofiados por concepto de empleomanía y subsidios; asi como a constreñir servicios públicos indispensables de educación, salud, transporte, energía, etc  como ha sucedido en Grecia y Puerto Rico que se han sacrificado estos servicios hasta llegar a considerar elementos de “crisis humanitaria” con amenazas de “cierre del gobierno”
A la tentación de imponer nuevos impuestos en una economía ya sobrecargada de tributos que solo traería como resultado el agravamiento de  la informalidad existente traducible en mayor evasión fiscal que neutralizaría los propósitos de incrementar recaudaciones
A la recurrencia del financiamiento interno privado distrayendo recursos potencialmente dedicados a la activación de la economía generadora de empleos y aumentando el costo financieros del dinero (tasas de interés),
Al financiamiento público mediante sobregiros y emisiones sin respaldo que tendrá como consecuencia la circulación de pesos dominicanos con relación al dólar, devaluándose nuestra moneda.
Todas estas opciones – reducción de nóminas y subsidios, mayores impuestos, desempleo, restricciones adicionales de servicios, devaluación – tenderán a provocar inconformidades sociales peligrosamente controlables por autoridades increpadas por ilegalidades e ilegitimidad.
En consecuencia se impone prestar la debida atención a la crisis originada en la pésima administración del proceso electoral recién concluido, procurando soluciones políticas que eviten a las autoridades el tener que encarar sus obligaciones gubernamentales sin el debido concurso de la comunidad internacional y dentro de un clima matizado por acusaciones de ilegalidad e ilegitimidad que aumentan la posibilidad de recurrir a condiciones de fuerza.
En tal sentido  se impone ponderar los puntos neurálgicos que mantienen la crisis postelectoral tales como:
La renuncia al Presidente de JCE a menos que rinda cuentas convincentes  de lo que está pasando y lo que pasó durante el proceso electoral en torno a temas como la compra de equipos por 32 MUSD sin las implementaciones necesarias, “renuncia” de 3000 auxiliares,  desaparición de urnas y boletas y quema de juntas electorales no obstante haber asumido el  mando de las FFAA conforme establece la  constitución y las leyes
Que se designe consensualmente con los partidos políticos un Presidente Provisional JCE que concluya el proceso en base al conteo manual hasta la proclamación de los candidatos ganadores
Celebración de elecciones complementarias en aquellas jurisdicciones que se hayan presentado situaciones susceptibles de anulación, considerando además un barlotaje para ratificar la Presidencia de la Republica.
Determinación de futura composición  consensuada JCE y TSE sobre la base de reputadas personalidades apartidistas
Asumir el compromiso de modificar la  constitución  para superar los obstáculos que han complicado el presente proceso electoral tales como:
La reelección presidencial
La celebración de elecciones conjuntas provinciales y municipales de las presidenciales
Congelación de demarcaciones provinciales y municipales
Carácter vinculante del referendo en las reformas constitucionales
Supeditar a concertación partidaria similar a la establecida en el art. 241 de la Constitución la selección de jueces del Régimen Contencioso Administrativo, Cámara de Cuentas, Suprema Corte de Justicia, Tribunal Constitucional; a lo cual pudiera añadirse la Independencia del Ministerio Publico La solución política arribada pudiera incluir, además, temas de gobierno que constituyen reclamos ciudadanos tales como los relacionados con el combate a la corrupción, cumplimiento de disposiciones legales sobre función pública, despolitización de los regímenes de subsidios, mayor transparencia en las compras y contrataciones gubernamentales y controlar los déficits para detener endeudamientos.